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| Manifestación el 26 de abril contra la sentencia del juicio de "La Manada". |
Con la lectura de la sentencia que resuelve el caso de "La Manada", absolviendo a los cinco acusados de un delito continuado de agresión sexual frente a su condena por un delito continuado de abuso sexual, las respuestas en relación con la misma se han venido sucediendo, con protestas en más de cien ciudades españolas y extranjeras. Como mujer y como estudiante de derecho me he sentido movida a expresar mi opinión sobre lo que se viene repitiendo de la no posibilidad de opinión sobre la sentencia de la Manada sin una previa formación de jurista y de cómo esto se ha enraizado con la perpetuación de una justicia patriarcal en nuestro país.
En un primer lugar sería importante resaltar cómo, a diferencia de lo que repetidamente se sostiene, el clamor despertado a raíz de la lectura de la sentencia no es ajeno al ámbito judicial. Las opiniones de carácter jurídico se han sucedido de manera numerosa, no solo respecto a este caso sino a la aplicación de penas en casos de violencia machista en general.
Ello se debe a que el derecho no es una ciencia exacta y su aplicación no está exenta de la introducción de valoraciones personales, ni sociales. Precisamente como el derecho no es una ciencia exacta, no está alejada del resto de la sociedad; es el gran reflejo de ésta, y tiene un contenido político obvio. Criticar por tanto habiendo visto las penas, su magnitud y sus criterios de aplicación es algo que cualquiera puede hacer sin necesidad de cursar cuatro años de carrera. ¿En qué clase de sistema vivimos si negamos a la gente opinar sobre las normas que a nosotras mismas nos conciernen y nos afectan?
Por otra parte, en la aplicación de las penas no intervienen solo criterios jurídicos y esto los estudiantes de derecho sí lo deberíamos saber. En los procesos intervienen peritos (psicólogos, sanitarios, educadores sociales, etc.), expertos que también se han organizado en diferentes sectores para la denuncia de la resolución de este caso. Y, por otra parte, intervienen valoraciones de los jueces que exceden en muchos casos lo jurídico.
La falta de formación en género de los jueces en este país es aberrante, y sobre esto hay mil y una opiniones de juristas. En relación con esta sentencia los pronunciamientos reconociendo este déficit han ido desde la fiscal coordinadora de la violencia contra la mujer, Pilar Martín Nájera, hasta miembros del Consejo General del Poder Judicial, José Fernando Lousada, magistrado y miembro de la Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad del CGPJ1, reconociendo ambos la precaria situación que en materia de género sigue teniendo el ámbito judicial en nuestro país.
Esta falta de formación de los jueces no es un hecho opaco ni excepcional; es algo que, junto con otros elementos del Estado, nos desprotegen de forma deliberada y nos infligen violencia institucional de manera indirecta. Esta violencia nos afecta a todas las mujeres, y por tanto todas tenemos derecho a responder ante la misma, en todas sus facetas y manifestaciones, seamos juristas o no.
Algunos de los argumentos esgrimidos en esta sentencia para justificar la ausencia de intimidación o violencia son de vergüenza, y eso lo puede ver un estudiante de derecho y alguien que no lo es, porque es una manifestación más del sistema patriarcal en el que todas vivimos.
Un sistema patriarcal es aquel en el que las víctimas de violencia machista en sus diferentes manifestaciones durante el año pasado alcanzaron un total de 158.217, aumentando un 17.7% en relación con 20162; un sistema en el que, según los datos de 2011 del Instituto de la Mujer en España, al menos 2.150.000 mujeres han sufrido violencia de género en contextos de pareja alguna vez en su vida, en el que la cifra de mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual se situó durante 2016 en un total de 7.240, aumentando en casi 1.000 mujeres desde 20123.
Un sistema patriarcal es aquel en el que, en 2017, una de cada cuatro mujeres asesinadas había denunciado, aquel en el que se podría y se debería haber evitado, existiendo una o más denuncias previas y medidas judiciales insuficientes, el asesinato de Matilde Teresa de Castro Hernández (40 años), Toñi García Abad (33 años), Leidy Yuliana Díaz Alvarado (34 años), Dolores Correa Pérez (47 años), Eliana González Ortiz (27 años), Ana Hilda Linares Báez (55 años), Encarnación Barrero Marín (39 años), Rosa María Sánchez Pagán (20 años), Raquel (63 años), Catalina Méndez García (48 años), Kenya Álvarez (30 años), Jessyca Bravo Cutillas (28 años), Andrea Carballo Claramonte (20 años), Jénnifer Hernández Salas (46 años), María Adela Fortes Molina (44 años), María del Carmen (49 años), J.D.L.M (40 años) y una mujer de 25 años cuyo nombre se desconoce. Se debía haber evitado su asesinato y el de los noventa y nueve feminicidios y otros asesinatos de mujeres registrados en 2017.
Un sistema patriarcal es aquel en el que, de los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia, solo dos son mujeres; en el que hasta el día de hoy no ha habido ninguna mujer presidenta del Tribunal Supremo en dos siglos de historia, ninguna en la composición actual de su Sala de Gobierno y solo once de sus setenta y ocho magistrados son mujeres4; un sistema patriarcal es aquel que ignora la urgencia de cambio en la seguridad de las víctimas en un país en el que los asesinatos de mujeres que habían interpuesto denuncias previas no dejan de repetirse, un sistema patriarcal es aquel en el que las denuncias llevadas a cabo por el entorno de las víctimas no llegan si quiera al 1.3%, aquel en el que después de cumplir en 2017 el récord de hijos asesinados por sus padres o las parejas de sus madres aún no se ha asumido que un maltratador no puede ser un buen padre, es aquel que ante una violencia con unos patrones de comportamiento más repetidos y previsibles que en cualquier otra sigue fallando y no reparando en los fallos.
Un sistema patriarcal es el que nos sujeta a todas y ante cuyas manifestaciones más evidentes, como la acontecida durante la semana pasada, todas tenemos el derecho y el deber de no callarnos.
Apuntado todo esto, me gustaría también señalar, a modo de advertencia, la necesidad de no caer ante lo que la abogada Laia Serra denominaba en un artículo para Píkara Magazine como "populismo punitivo", como herramienta de instrumentalización del dolor de las víctimas para el logro de diferentes objetivos políticos propios.
Los mismos que en un ejercicio de desfachatez y demagogia absoluta sentaron en el debate sobre la prisión permanente revisable a familiares de víctimas de delitos de violencia de género, entre otros, manipulando vilmente su dolor para el logro de sus fines políticos, van a querer sentarnos ahora a las mujeres, justificar en su búsqueda de un retroceso en el sistema judicial español su comprensión de la necesidad de mayor protección ante las violencias machistas.
La reforma del Código Penal de la que diferentes políticos y representantes del Gobierno se han venido haciendo eco durante los últimos días es tan necesaria como insuficiente si no se acompaña de un cambio radical en la lucha contra la violencia machista en España, partiendo de medidas dirigidas a una prevención que deje de culpabilizar a las mujeres responsabilizándolas de su propia protección y haga al Gobierno y a la sociedad asumir su propia responsabilidad en la generación y la perpetuación de esta violencia, y posteriormente en la no protección de las víctimas una vez que se produce.
Quienes hacen demagogia con el derecho no somos aquellas que condenamos una legislación y una justicia patriarcal, sino aquellos que utilizan el sistema judicial y penitenciario para acabar por vía judicial con lo que no tienen la voluntad ni intención alguna de acabar en su obligación de legisladores y gobernantes.
Julia Galera (murciana y orgullosa) es estudiante de Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Madrid. Empezó a investigar sobre feminismo en el Bachillerato Internacional, para su monografía sobre "El feminismo y el rechazo al mismo en los países anglosajones". Entre sus intereses se encuentran la geopolítica, la justicia social y los movimientos postcoloniales y antirracistas.
1 https://politica.elpais.com/politica/2018/04/27/actualidad/1524844095_689039.html
2 https://politica.elpais.com/politica/2018/03/12/actualidad/1520845944_225662.html
3 http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/DelitosLibertadSexual.htm
4 “Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial”. Realizado por la Sección Estadística del Consejo General del Poder Judicial a 1 de enero de 2017.
