La gestación subrogada, comúnmente conocida como alquiler de vientres o maternidad subrogada, consiste en la transferencia de embriones de gametos (de la madre subrogada o de una donante) a una mujer gestante, con el fin de que esta se quede embarazada. El bebé, una vez nacido, será hija/o de la pareja que ha pagado por el proceso, no de la madre gestante.

El alquiler de vientres es enormemente polémico desde que se planteó por primera vez (en España en 1998), pero una feria organizada por Surrofair el pasado 6 de mayo en Madrid ha intensificado el debate en las redes sociales los últimos días. A esta feria acudieron expositores como Babygest, The Fertility Center, Neovida, Surrobaby, etc. Algunos de estos aseguran que la gestación subrogada es un proceso en el que la madre "ayuda voluntariamente" a una pareja a tener descendencia, en el que se respetan los derechos de las mujeres y que las donantes y gestantes lo hacen libremente.

Actualmente, en España la gestación subrogada está prohibida. Sin embargo, parejas o soltera/os españoles pueden recurrir a la gestación subrogada en otros países del mundo legalmente. El panorama político respecto a este tema es complicado: Ciudadanos está abiertamente a favor, pero el PSOE, el PP y Podemos no se han posicionado todavía. Sí que es cierto que algunos representantes, como en el caso de Íñigo Errejón, han expresado su opinión al respecto, pero a nivel individual.

A lo largo del artículo voy a exponer por qué el feminismo se opone a la gestación subrogada, entendiéndola como una explotación de la mujer sin recursos y no como una libertad de decisión o un acto de altruismo.

La gestación subrogada es una práctica permitida en algunos países del mundo, prohibida en otros y no regulada en los restantes. Hasta hace muy poco los destinos más cotizados eran Tailandia y la India; sin embargo, sus gobiernos restringieron esta práctica a los actos altruistas y llevados a cabo por mujeres gestantes cercanas a la familia, impidiendo así el flujo de parejas subrogadas internacionales que acudían allí para llevar a cabo la gestación.


Actualmente, los países ofertados por las empresas líderes en España como INTERFERTILITY son Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Grecia, Georgia, Rusia, México y Nepal. El presupuesto oscila entre los 35.000€ (Ucrania) y los 150.000€ (Estados Unidos). Las mujeres gestantes reciben parte de este dinero como compensación económica. Por norma general, las parejas demandantes son occidentales y las madres subrogadas provienen de países subdesarrollados, lo que implica que existe un desequilibrio de poder entre unos y otras. Las parejas subrogadas aprovechan la precariedad de las mujeres gestantes para satisfacer su deseo de maternidad/paternidad. A través de la gestación subrogada, las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social acceden a vender sus cuerpos.

Precisamente el hecho de que la gestación sea remunerada y no altruista es lo que lleva al feminismo a defender que no es una elección libre, sino un ejercicio de necesidad económica. La mujer gestante no lo hace por placer ni de manera altruista, sino por la recompensación capital. En las propias páginas de las empresas de gestación subrogada se especifica que las mujeres son de clase baja.

Es por esto que la "decisión" de ser gestante no es en absoluto libre, porque las mujeres que lo hacen se ven coartadas económicamente. No deciden trabajar, sino que deben cubrir sus necesidades básicas para sobrevivir, recurriendo a la venta de sí mismas para ello.

Los proxenetas reproductivos hablan de libertad de decisión de las mujeres gestantes, de respeto de los derechos de las mujeres. Sin embargo, su mercado consiste en aprovechar la precariedad económica de mujeres de todo el mundo para satisfacer el deseo de parejas adineradas que pueden permitirse pagar el proceso. No es libertad de decisión, es explotación. No es un acto altruista, es un ejercicio de necesidad económica.

La gestación subrogada no implica solo la explotación de la mujer obrera, sino además el control sexual y reproductivo de nuestros cuerpos. El dominio reproductivo-sexual sobre las mujeres no es nada nuevo ni exclusivo del alquiler de vientres; también se ve representado en la regulación de la prostitución y la prohibición del aborto.

El alquiler de vientres supone una mercantilización de la mujer y de su capacidad reproductiva: no hay más que fijarse en la feria de úteros que organizó Surrofair. En este contexto, las mujeres somos tratadas como incubadoras y los bebés como un producto.

Además de todo esto, hay que tener en cuenta las premisas del contrato que firman la pareja demandante y la mujer gestante antes de iniciar el proceso de gestación. En este queda estipulado que la gestante no tiene el derecho de abortar artificialmente durante el embarazo, ni de quedarse el bebé una vez este haya nacido. Por tanto, está firmando un contrato de servidumbre que se prolongará hasta que termine el embarazo. Esto es particularmente peligroso en el caso de las madres gestantes analfabetas, que firman estos contratos sin saber a qué se están exponiendo. Un estudio realizado en la India demostró que esta era la situación del 50% de las madres gestantes.

La alternativa lógica a la gestación subrogada es la adopción. Sin embargo, esta es exclusiva para parejas heterosexuales en muchos países, por lo que las parejas homoparentales o mujeres y hombres solteros suelen alegar que el alquiler de vientres es su única opción, y que tienen todo el derecho de recurrir a este.

En este caso es importante entender que la maternidad/paternidad no es un derecho, sino un deseo. El derecho es el de la/os hija/os a tener madres/padres, no el de la/os madres/padres a tener hija/os. El deseo de maternidad/paternidad no puede anteponerse a los derechos humanos de las mujeres. Si el problema es que la adopción es prácticamente inviable para las personas del colectivo LGBT, la solución no es someter a las mujeres en situaciones de precariedad, sino trabajar para que la adopción sea accesible para todo el mundo. La explotación de las mujeres no es justificable en ninguna circunstancia.

Por otro lado, está la gestación subrogada no-comercial, en la que la madre gestante suele ser cercana a la pareja y no recibe ningún tipo de compensación económica. Esta suele defenderse más habitualmente que la comercial, puesto que no conlleva intercambios de dinero de por medio. Sin embargo, también plantea una serie de problemas: en primer lugar, es imposible controlar que no haya intercambios de capital entre la pareja y la madre gestante, o influencias de poder y presión social. Además, en los países en los que se legalizó (Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos, entre otros), se ha demostrado que la demanda de gestación subrogada comercial incrementó.

En resumidas cuentas, los motivos por los que el feminismo debe oponerse al alquiler de vientres son:

• Llevar a cabo la gestación subrogada no es una decisión que la madre gestante tome libremente, sino que está coartada por su necesidad económica. Los proxenetas reproductivos organizan un mercado en torno a su precariedad que satisface los deseos maternales/paternales de las clases más altas.
• La gestación subrogada favorece el control sexual y reproductivo de las mujeres.
• El alquiler de vientres consiste en la mercantilización del cuerpo de las mujeres y de su capacidad reproductiva: se nos trata como incubadoras, no como seres humanos.
• La madre gestante no puede abortar artificialmente ni decidir quedarse con el niño una vez este ha nacido si así lo desea. Los contratos de las empresas estipulan que ni siquiera aparecerá en la partida de nacimiento, ni tendrá ningún derecho sobre el bebé.